Conforme lo dispuesto en el artículo 84 de la constitución política del estado de Michoacán y el artículo 17 de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia rindió ante y en nombre del pleno y del Consejo del Poder Judicial, el informe del estado que guarda la administración de justicia, dando a conocer los puntos más importantes de las actividades realizadas durante el periodo respectivo, en los siguientes términos:
Cumplo, a nombre del Poder Judicial del Estado, ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo del Poder Judicial, el mandato constitucional de informar en esta fecha, el estado que guarda la administración de justicia.
La trasparencia con que deben conducirse las instituciones democráticas es un derecho esencial de la ciudadanía que en el ámbito de la judicatura, garantiza a la sociedad el conocimiento oportuno de la forma en que sus tribunales, han ejercido la facultad soberana que ella misma les ha confiado para solucionar sus controversias, así como el uso y destino de los recursos públicos asignados para ello.
Hoy día, el Poder Judicial estatal debe adoptar las medidas necesarias para contar con una planeación estratégica que permita una administración de justicia moderna y de calidad, que tenga siempre al ciudadano como objetivo y centro de todo su quehacer institucional.
Durante 2010, hemos iniciado dicho proceso, entorno a seis ejes estratégicos que habrán de estructurar y desarrollar los programas y acciones porvenir, que son: acceso a la justicia y función jurisdiccional, mejora institucional y gestión administrativa, trasparencia, carrera judicial, vigilancia y disciplina, así como vinculación social e institucional.
El desglose global de la actuación del Poder Judicial del Estado está en el documento que en este acto republicano entrego a los integrantes de los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y Consejo del Poder Judicial; así como al titular del Poder Ejecutivo y al presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. De igual forma, queda a consideración de la sociedad, principal destinataria de este informe, en nuestra página web.
A continuación destaco, conforme a los ejes indicados, las acciones y actividades fundamentales desarrolladas.
1. Acceso a la justicia y función jurisdiccional
El ejercicio de la función jurisdiccional constituye la actividad sustantiva de la judicatura. Reconozco, en primer lugar, el compromiso mostrado, en todo tiempo, por magistradas, magistrados, jueces y juezas para resolver los asuntos de su competencia con apego a los principios constitucionales de profesionalismo, excelencia, objetividad, imparcialidad e independencia.
El Supremo Tribunal de Justicia sesionó en pleno treinta y dos veces, para dirimir controversias relacionadas con conflictos de competencia y recursos de queja.
En la segunda instancia, en 2010 ingresaron a las nueve salas civiles 6,836 asuntos y se concluyeron 6,786. Ello representa un 99.27 por ciento de controversias terminadas.
Las nueve salas penales recibieron 6,716 asuntos y fueron concluidos 6,491; quedando resueltos el 96.65 por ciento de ellos.
Producto de la actividad jurisdiccional de las salas al interpretar las normas aplicables al caso concreto, emanaron un total de 62 tesis civiles y penales relevantes.
En la primera instancia civil, en los cuarenta juzgados ingresaron 47,119 asuntos, concluyéndose 45,955. Dichas cifras ponen de manifiesto la terminación de un 97.61 por ciento de los asuntos ingresados.
Los treinta y nueve juzgados penales conocieron 8,027 asuntos y concluyeron 9,321. Lo anterior refleja que, en comparación con el ingreso anual, fue resuelto un 16.12 por ciento adicional.
Para ampliar y fortalecer el acceso a la justicia civil y penal, el Consejo acordó la creación de un juzgado civil en Zinapécuaro, así como la especialización en materia penal del que venía funcionando como mixto.
En materia familiar, en los cinco juzgados especializados de Morelia, el ingreso fue de 5,372 asuntos, concluyéndose 5,051. Esto implica la terminación de un 94.02 por ciento de las cuestiones litigiosas.
Los juzgados menores presentaron un importante aumento en la carga jurisdiccional, reportando 28,335 asuntos civiles y penales, habiendo sido resueltas 26,591 controversias. Tales cifras reflejan un porcentaje de eficacia de 93.85 por ciento.
Así, esta instancia ha visto incrementada de manera exponencial su actividad judicial. Para fortalecerla, fueron creados dos nuevos juzgados especializados en materia civil y penal en Morelia y uno más, mixto en Zamora.
Para afrontar este crecimiento es necesario desarrollar mecanismos que agilicen los procedimientos y favorezcan la disminución de su volumen de trabajo. En particular, la justicia menor deberá ser objeto de un cuidadoso análisis de cara al nuevo sistema de justicia penal.
Por su parte, en la justicia especializada para adolescentes ingresaron, en los dos juzgados, 775 asuntos, habiéndose terminado 694. El porcentaje de controversias concluidas es de 89.55 por ciento.
A su vez, el juzgado de apelación especializado tuvo un ingreso de 65 causas, concluyéndose el mismo número.
La justicia comunal ha tenido un notable incremento en los asuntos que conoce y decide, iniciándose en los dos juzgados de la materia, 175 controversias y concluidas 113.
Al reportar los juzgados comunales un crecimiento de un 150 por ciento, en tan sólo un año, es evidente que la confianza en el Poder Judicial, de los pueblos y comunidades indígenas para la solución de sus controversias va, también, en aumento.
En la judicatura estatal somos conscientes que el acceso a la justicia no sólo se logra a través del proceso judicial. Por tanto, hemos fortalecido la mediación y la conciliación como mecanismos alternos que ofrecemos a la ciudadanía para solucionar sus diferencias.
De esta forma, de los 820 asuntos civiles, familiares y mercantiles ingresados al centro de mediación y conciliación; en 360 las partes aceptaron someterse a este mecanismo, resolviéndose 190, en breve tiempo y de manera pacífica.
Los medios alternativos han ampliado su cobertura a la justicia para adolescentes, mediando en 198 controversias, concluyéndose satisfactoriamente 73 asuntos.
Es importante el avance en la aplicación de convenios y tratados internacionales por la judicatura estatal. Prueba de ello es el reconocimiento y felicitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la observancia de la Convención de La Haya, en los procesos de restitución internacional de menores.
También resulta relevante la difusión, en nuestra página de internet, de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
Para promover el conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de justicia, fue publicada electrónicamente, la carta adoptada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia llevamos a cabo, en coordinación con la Secretaría de la Mujer, tres seminarios en Morelia, Uruapan y Zamora. Asimismo, participamos en el Congreso estatal para la emisión y aplicación de órdenes de protección.
Finalmente, pero no por ello menos importante, es destacable el impulso y coordinación del Poder Judicial para la implementación de la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal.
Fruto del consenso entre los tres poderes, el Congreso emitió el decreto que crea el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal, que cuenta con una Secretaría ejecutiva, órgano desconcentrado del Poder Judicial.
Es oportuno reconocer públicamente la presencia y confianza del gobernador constitucional del Estado, Leonel Godoy Rangel; así como de las diputadas y diputados de la Septuagésima Primera Legislatura, para depositar en el Poder Judicial dicha coordinación.
Reitero, asimismo, la plena disposición de la judicatura michoacana para estar a la altura de los retos y desafíos que implica la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal.
Estamos convencidos que el nuevo sistema, al tiempo que redefinirá la relación de la ciudadanía con sus jueces y viceversa, conllevará una mejora sustancial del servicio que brindamos a la comunidad.
Para ello, iniciamos ya, la construcción de dos órganos jurisdiccionales penales, contiguos al Centro de readaptación social de Uruapan. También está prevista la edificación de seis más en el Centro de readaptación “David Franco Rodríguez”, en este distrito.
Ambos conjuntos están arquitectónicamente concebidos para ser destinados, tanto al sistema actual, como a los juicios acusatorios, ya que contarán con áreas multifuncionales que podrán ser habilitadas como salas de audiencia orales o áreas tradicionales de trabajo y atención al público hoy vigentes.
Agradezco el invaluable apoyo en materialización de estos de proyectos al Consejo Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Seguridad Pública y Dirección de Prevención y Readaptación Social.
2. Mejora institucional y gestión administrativa
Es principio republicano la renovación periódica de las instituciones; por ello y por disposición de la ley fundamental, esta administración está temporalmente delimitada.
Sin embargo, el Poder Judicial, institución fundamental del Estado, debe contar con un horizonte de planeación más amplio, de mediano y largo plazo, que genere las condiciones necesarias para administrar sus recursos, no sólo como dispone la Constitución, eficiente, eficaz y honradamente, sino también para cumplir sus objetivos y metas.
Para incorporarnos a las exigencias constitucionales de planeación por objetivos, esta administración llevó a cabo un análisis y reflexión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y desafíos que en el contexto actual afrontamos.
A partir de tal ejercicio, hemos identificado cinco líneas de acción que, previa consideración y autorización del Consejo, habrán de desarrollarse como proyectos prioritarios: nuevo sistema de justicia penal, impulso a medios alternativos de solución de controversias, central de notificadores y actuarios, mejora continua y automatización de procesos.
Como acciones para el desarrollo de buenas prácticas en la administración de justicia, optimizamos el sistema de turno aleatorio de segunda instancia, entregando los expedientes el mismo día de su recepción en la oficialía de partes. Esta mejora fue incorporada, por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a su catálogo de experiencias exitosas 2010.
En el Archivo Judicial, reestructurando los procedimientos de flujo de documentos, será posible ofrecer un servicio más eficaz y de calidad. Además, el nuevo sistema de solicitud y devolución de expedientes, aprobado por el Consejo, reducirá notablemente el tiempo de entrega y, con ello, la reanudación de los asuntos.
Asimismo, participamos en el proyecto para elaborar una propuesta de diagnóstico e implementación de acciones básicas sobre equidad de género en poderes judiciales, impulsado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Es conveniente destacar el acuerdo general que establece los parámetros y lineamientos para que servidores públicos asistan a cursos de capacitación en el país o en el extranjero.
Conscientes de la responsabilidad social que tenemos para coadyuvar a un mejor ambiente y evitar el deterioro ecológico, fueron entregadas más de 18 toneladas de papel y cartón para su tratamiento y reciclaje.
Por otra parte, seguimos fortaleciendo la infraestructura, puesto que –además de los nuevos órganos jurisdiccionales– quedó habilitada la bodega de objetos del delito, los talleres de reparación de equipo y mobiliario, así como el estacionamiento oriente de esta sede.
En la informática judicial, consolidamos el sistema del libro electrónico para las salas y, con la nueva versión de nuestra página de internet, las visitas al sitio se han incrementado 34 por ciento.
3. Trasparencia
Convencidos que el principio de máxima publicidad debe ser una constante institucional, continuamos por el sendero de la trasparencia, informando el uso y destino de los recursos públicos asignados al Poder Judicial.
En el ejercicio fiscal 2010, el Congreso del Estado, aprobó como presupuesto la cantidad de seiscientos cuarenta y seis millones, cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos.
A su vez, el presupuesto otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública fue de veintinueve millones, seiscientos noventa y siete mil seiscientos doce pesos.
Estos recursos, con planeación y control administrativo, fueron aplicados con criterios de racionalidad, oportunidad y procurando optimizar los resultados de manera eficaz y eficiente.
Al 31 de diciembre, los recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, ascendieron a ciento noventa millones, cuatrocientos catorce mil seiscientos sesenta y nueve pesos, en el fondo en administración; y de ciento cincuenta y dos millones, ochocientos cuarenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos, como fondo propio; dando un total de trescientos cuarenta y tres millones, doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos.
De igual forma, la disposición de recursos del fondo subsidiario de la administración de justicia, se llevó conforme a la ley de la materia, con honradez y trasparencia.
Señoras magistradas, señores magistrados y consejeros, tienen en sus carpetas, además del informe y la separata de tesis relevantes, los estados financieros del presupuesto 2010.
Una constante institucional ha sido atender con oportunidad las solicitudes de acceso a la información, dando respuesta a todas las peticiones, en un plazo promedio de seis días hábiles.
También debe resaltarse que el Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado calificó positivamente las acciones en esta materia, al cumplir al 100 por ciento, con la normativa aplicable.
4. Carrera judicial
La Comisión de Carrera Judicial, diseñó e implementó un conjunto de actividades para fortalecer el ingreso y promoción de los servidores públicos del Poder Judicial.
La descentralización de la capacitación ha llevado a distintas regiones del Estado los programas académicos de formación y actualización, beneficiando a un universo mayor, con la ventaja adicional, de la continuidad del servicio público, optimizando tiempo y recursos.
Resultaron trascendentes para el quehacer judicial los talleres de técnica jurisprudencial, actualización en materia penal y mercantil, cursos regionales de informática y hermenéutica judicial.
Asimismo, fueron convocados 14 concursos de oposición para acceder a las diversas categorías de la carrera judicial. Mención especial merece el quinto concurso de oposición para ocupar el cargo de magistrado penal, cuyos resultados fueron enviados al Congreso del Estado que, oportunamente, cubrió la vacante que permitió integrar plenamente al Supremo Tribunal de Justicia.
Diputado Jesús Ávalos Plata sea usted el conducto para dejar testimonio de nuestro reconocimiento al Congreso del Estado.
En las actividades de actualización deben mencionarse la primera edición del diplomado en interpretación y argumentación judicial, así como el inicio de su segunda promoción, debido a su amplia aceptación y demanda.
De igual forma, deben subrayarse las actividades académicas en instituciones del país y del extranjero, para capacitarse, tanto en el nuevo sistema de justicia penal, como en mediación, educación judicial y administración de justicia.
En total, 7 servidores públicos realizaron estancias en Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos de América y Guatemala; mientras que 33 acudieron a distintas entidades federativas.
Por su importancia, destaco la participación de dos magistrados y una jueza penal, en el programa Fletcher-comparativo de derecho en sistemas penales acusatorios, llevado a cabo en Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile y Boston, Massachussets.
Debe precisarse que la totalidad de los gastos erogados en capacitación internacional fueron cubiertos por las instancias nacionales y no nacionales con las que mantenemos lazos de cooperación.
Es oportuno anunciar la continuidad de la formación para el nuevo sistema de justicia penal, con la estancia académica de tres juezas y tres jueces penales en San Diego, California.
Las actividades académicas de especialización prosiguieron en 2010, concluyendo la primera generación de la maestría en derecho, así como el segundo semestre de la tercera promoción de la especialidad en administración e impartición de justicia, en coordinación con la Universidad Michoacana, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Para la difusión de aspectos básicos de la nueva codificación familiar, fue editada la guía del procedimiento de la materia; estando en prensa, manuales para actuarios y jueces menores.
Otro aspecto, que deseo puntualizar, es la adquisición de un importante lote de obras bibliográficas especializadas, así como la habilitación y equipamiento del aula de informática judicial del Instituto de la judicatura.
5. Vigilancia y disciplina
Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia y diligencia son valores universales de la función jurisdiccional, reconocidos por Naciones Unidas y asumidos, legal y éticamente, por la judicatura michoacana.
En 2010, para salvaguardar y garantizar estos principios, el Consejo del Poder Judicial inició y concluyó, por primera ocasión y como dispone la constitución, los procedimientos de ratificación de jueces de primera instancia, habiendo sido confirmados en su encargo 13 servidores públicos.
Asimismo, fueron realizadas 248 visitas ordinarias de inspección, tanto a órganos jurisdiccionales, como a unidades administrativas.
También, el Consejo conoció y resolvió 193 quejas administrativas; imponiéndose 48 sanciones económicas, 60 amonestaciones por escrito, 10 suspensiones y 7 destituciones.
Con oportunidad se verificó que todos los servidores públicos cumplieran en tiempo con sus obligaciones de carácter administrativo; iniciándose 78 procedimientos que concluyeron con la imposición de 50 sanciones.
6. Vinculación social e institucional
La proximidad del Poder Judicial con la sociedad tiene diversos cauces, todos ellos importantes.
Así, a través de las áreas administrativas fueron atendidos 2,181 particulares, recibiendo orientación apropiada.
El Centro de convivencia garantizó el derecho de los menores y sus progenitores a la interacción familiar, en un espacio neutral y seguro, a través de 50 encuentros ordenados por los jueces; brindando, además, asistencia para la comparecencia de 299 menores en procedimientos familiares y 791 valoraciones psicológicas.
El área de trabajo social intervino en 811 asuntos, llevando a cabo 2,237 visitas de campo, para conocer las condiciones de vida y situación socioeconómica de las partes y menores involucrados en juicios familiares.
Otra forma de vinculación que facilita el acercamiento de la sociedad y el Poder Judicial, es la promoción de la cultura de la legalidad y conservación de la memoria histórica, a través de la difusión del acervo documental del Museo judicial, así como la realización de actividades culturales, exposiciones y publicaciones especiales.
Durante los festejos de 2010, el Palacio de Justicia del Centro histórico albergó 9 exposiciones, sobresaliendo “Rostros y documentos del Padre de la Patria” y la espléndida colección de la Fototeca Nacional “Los inicios del México contemporáneo”; habiéndose editado, para la ocasión, la carpeta “Joyas documentales del Bicentenario y del Centenario”.
Aspecto que no puede pasar desapercibido, es el constante flujo de visitantes al conjunto de edificios del Centro histórico que, siendo sede del Consejo, del Museo, Archivo histórico e Instituto de la judicatura, mantiene abiertas sus puertas e instalaciones a la sociedad; contando ahora con una guía especial para su visita, elaborada en coordinación con la Universidad Latina de América, a través de su diplomado en historia del arte.
Fomentamos en la niñez la cultura de la legalidad, mediante la visita de 46 escuelas primarias, con un total de 3,222 niños y niñas. Además, acudieron al conjunto histórico 49,443 personas y, de nuevo fuimos sede del festival internacional de música “Miguel Bernal Jiménez”.
Merece mención especial, la coedición con el Tribunal Electoral del Estado de un volumen que compila conferencias magistrales que destacados juristas, de talla internacional, han dictado en los últimos años en antiguo salón de plenos del Supremo Tribunal de Justicia.
Seguimos participando activamente en la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia; y, con ello, en los programas de mejora institucional, capacitación y difusión que coordina e impulsa.
Por igual, estrechamos lazos con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, organismo nacional que aglutina a todas las instituciones que tienen a su cargo la resolución de controversias y conflictos en el país.
A través del Programa de Apoyo al Estado de Derecho en México (USAID), concretamos asesoría y capacitación en materia de justicia para adolescentes, mediación y nuevo sistema de justicia penal.
Reconocemos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo el apoyo en la organización de foros regionales sobre el nuevo sistema de justicia penal.
Con las asociaciones profesionales de abogados y abogadas, procuramos el diálogo, con apertura a sus planteamientos. Reconocemos en ellas, un importante medio de retroalimentación para la mejora de nuestros servicios.
De gran relevancia para la vida institucional son las relaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Judicial que se caracterizan por la permanente disposición, en todo tiempo, al diálogo constructivo y mutuo fortalecimiento.
Honorable pleno del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, distinguidos invitados e invitadas:
El lugar de los jueces, la organización de los tribunales y el diseño de los procesos judiciales son esenciales en un Estado Constitucional de Derecho.
Sólo con jueces, hombres y mujeres, imparciales e independientes, con principios y comprometidos con un servicio público de calidad y sentido social, se garantiza la libertad y la justicia.
En el Poder Judicial asumimos irrenunciablemente nuestra lealtad a la constitución y la defensa de los derechos fundamentales, compromiso que seguiremos honrando con nuestro actuar cotidiano, de manera decidida y responsable.
Muchas gracias
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