A nombre del Poder Judicial, y ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, cumplo el mandato constitucional de informar el estado que guarda la administración de justicia en Michoacán.
Si hubiese que describir, con una sola palabra que, a modo de una instantánea gráfica, pudiera captar –y representar– con la mayor nitidez posible el estado que guarda la administración de justicia, no dudaría en seleccionar el vocablo "transformación".
Hoy y aquí, el Poder Judicial del Estado está inmerso en un amplio y profundo proceso de cambio para estar al día con las expectativas y demandas de la ciudadanía.
Ciudadanía que ya no se conforma con una administración de justicia formal y orgánicamente independiente –como lo somos– y materialmente objetiva, profesional e imparcial –como actuamos– sino que exige, además, que esas atribuciones y atributos queden plasmados en cada auto o resolución y –por supuesto– en toda sentencia; y más aún, que sean la constante del trato personal que recibe en todo momento y en cualquier circunstancia.
¿Por qué y para qué nos transformamos?
La respuesta es clara y sencilla: garantizar el acceso oportuno a la justicia de las y los michoacanos que confían la resolución de sus conflictos, así como tutela de sus libertades y derechos a la judicatura estatal, sabiendo que obtendrán una decisión justa, pronta y apegada a la ley.
Nos ponemos al día, además, para dar cauce a las nuevas formas procesales en que la ciudadanía ha determinado quiere encontrarse con sus jueces: de forma directa, sin intermediarios y en escenarios donde la publicidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos sean, invariablemente y sin excepción alguna, la norma.
En este encuentro republicano, destaco la feliz coincidencia de nuestros objetivos institucionales, con el compromiso del gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa para consolidar el establecimiento de los juicios orales como mecanismo para garantizar el acceso pronto y expedito a la justicia. No dudamos, pues conocemos su compromiso con los derechos humanos, que esa propuesta será acción prioritaria de su administración e incorporada al programa de gobierno.
El nuevo sistema de seguridad ciudadana y justicia penal no es una utopía, es una realidad parcialmente vigente. La judicatura estatal conoce y resuelve ya, en salas de audiencia –si bien provisionales– los asuntos relacionados con la ejecución y cumplimiento de las sanciones.
Ampliando horizontes, coordinamos esfuerzos con los poderes ejecutivo, legislativo y la sociedad, para la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio que constituye, sin regateo alguno, el desafío más importante que en materia de seguridad ciudadana y justicia penal tiene –tenemos– en su conjunto el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
Para inaugurar, en tiempo y forma, el nuevo sistema de justicia penal es –y será, subrayo– fundamental el trabajo conjunto que, en forma ininterrumpida, hemos venido desarrollando con el Congreso del Estado.
Además, en otra afortunada coincidencia, la actual legislatura, ha dejado claro, tanto a través de sus órganos de gobierno, como de sus integrantes y grupos parlamentarios, que debe promoverse un gran acuerdo con la participación de los tres poderes y órdenes de gobierno a favor de la modernización, la eficiencia y la innovación de la administración pública.
Todo esto, han destacado, con pleno respeto al Estado de Derecho, garantizando a la ciudadanía el disfrute de sus derechos y libertades, y fomentando la observancia de los derechos humanos.
En tal virtud, estamos ciertos que, en Michoacán, el poder público se seguirá ejerciendo como dispone la Constitución: con pleno respeto a la división de poderes, pero cooperando en forma armónica y decidida –agrego– para la realización de los fines del Estado.
En el Poder Judicial damos respuesta oportuna a la ciudadanía en sus demandas de justicia; prueba de ello es que atendimos 100,419 controversias y concluimos 102,430 litigios.
El desglose estadístico de los asuntos conocidos y resueltos por los diversos órganos jurisdiccionales está a su disposición, señoras magistradas y señores magistrados, consejeros y consejera, en el documento que contiene el informe y sus anexos; quedando igualmente para consulta general en nuestra página de internet.
En este proceso de transformación de la judicatura, avanzamos en los seis ejes estratégicos anunciados en el informe anterior: acceso a la justicia y función jurisdiccional; mejora institucional y gestión administrativa; transparencia; carrera judicial; vigilancia y disciplina; vinculación social e institucional.
Lo anterior, exige que no sólo actuemos en el marco preciso de nuestras atribuciones y competencias, sino que, además, seamos eficientes.
Ejemplo destacable es la reciente decisión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en materia de narcomenudeo.
Esta determinación de las magistradas y magistrados corrobora nuestro compromiso para atender la nueva demanda de justicia de la sociedad, redoblando esfuerzos y afrontando esta responsabilidad aún antes de la vigencia plena del decreto que reforma la legislación federal respectiva; tenemos la confianza que obtendremos el respaldo de los poderes ejecutivo y legislativo para cumplir exitosamente este importante reto.
Otra muestra de la calidad en el desempeño de las y los integrantes del pleno son las tesis relevantes emanadas de su quehacer jurisdiccional, compiladas tanto en el informe impreso, como en documento por separado para facilitar su difusión.
Asimismo, para garantizar un eficaz acceso a la justicia, el Poder Judicial impulsa la conciliación y la mediación como forma alternativa de resolución de controversias. En 2011 concluimos satisfactoriamente 307 mediaciones.
La puesta al día de la judicatura michoacana se refleja, también, en la consolidación de los vínculos con la comunidad internacional, cumpliendo e incorporando a nuestras resoluciones los compromisos que México ha adquirido; de manera destacada los que protegen los derechos humanos. Así, seguimos restituyendo menores en el marco de la Convención de La Haya.
Igualmente, contribuimos al acceso a una vida libre de violencia de las mujeres michoacanas, no sólo capacitándonos en materia de equidad de género y suscribiendo compromisos específicos en este rubro, sino también, emitiendo órdenes de protección urgentes por violencia familiar.
El proceso de cambio transversal de la judicatura del Estado nos hace estar más próximos a quienes exigen una justicia de dimensión humanista: hemos propiciado, por mandato judicial, 139 convivencias familiares, que de otra forma hubiesen sido de imposible realización, garantizando siempre el derecho de los menores a convivir en un espacio adecuado con sus progenitores.
También preservamos el interés superior del menor decretando 262 audiencias especiales y ordenando 666 evaluaciones psicológicas.
La innovación del Poder Judicial va más allá de nuestra función sustantiva, abarcando, también, un conjunto de medidas y acciones administrativas que tiene como fin último poner a disposición de juezas y jueces las herramientas necesarias que garanticen la calidad de sus sentencias y, con ello, el servicio que prestamos a la sociedad.
Nuestro plan de gestión estratégica contempla cinco líneas de acción: reforma al sistema de justicia, central de actuarios, medios de justicia alternativa, mejora continua y automatización.
En cada una de ellas hemos logrado avances concretos.
Con el impulso del Consejo para el nuevo sistema de justicia penal, contamos ya con el nuevo Código de Procedimientos Penales, eje rector y cronograma, al mismo tiempo, del proceso de implementación; convocamos a los actuarios y notificadores para el conocimiento y discusión del funcionamiento de una central de actuarios, iniciando la adquisición de parte del equipo técnico para su funcionamiento y operatividad; disponemos de un proyecto para fortalecer los medios alternativos de justicia, que es urgente concretar antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.
Es importante destacar que en la ruta de la mejora continua, obtuvimos las primeras certificaciones del Poder Judicial ISO 9001:2008. Nuestro reconocimiento y felicitación para el personal de los archivos Judicial e histórico.
También es oportuno mencionar el nuevo sistema en línea de solicitudes al Archivo Judicial para los juzgados. Con este procedimiento, el promedio de entrega de expedientes es de cinco días para órganos jurisdiccionales del interior y dos días para los del distrito judicial de Morelia.
En el rubro de transparencia, debemos enfatizar el manejo racional, responsable y –siempre– con apego al marco normativo del presupuesto asignado por el Congreso del Estado para el ejercicio 2011, que fue de ochocientos setenta millones, doscientos setenta y tres mil doscientos diecinueve pesos.
El mismo cuidado se tuvo con el Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal para el mismo ejercicio, y que asciende a treinta y un millones, novecientos setenta y cinco mil seiscientos pesos.
Por lo que respecta al Fondo auxiliar para la administración de justicia, al 31 de diciembre de 2011, está conformado por ciento setenta y tres millones, quinientos setenta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos, cantidad que corresponde al fondo en administración por recursos propiedad de terceros; y, ciento sesenta y tres millones, seiscientos cuarenta y dos mil setecientos trece pesos del fondo propio. El total asciende a trescientos treinta y siete millones, doscientos veintiún mil cuatrocientos treinta y siete pesos.
De igual manera, debe señalarse la oportunidad con que se llevaron a cabo las auditorías al ejercicio presupuestal y al fondo auxiliar; entrego los resultados en este acto a las y los integrantes de los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo Poder Judicial.
Instrumento para la mejora administrativa y la rendición de cuentas es el proceso de homologación contable que se ha iniciado, conforme a las disposiciones legales correspondientes.
En materia de acceso a la información judicial, nuestro portal de internet, en la última evaluación, fue valorado positivamente con el 100 por ciento por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado.
La puesta al día de la judicatura michoacana requiere de un proceso de capacitación continua. Las nuevas competencias precisan de la formación en habilidades y técnicas esenciales para materializar una impartición de justicia adecuada y de calidad.
Las actividades académicas realizadas por el Consejo del Poder Judicial en el 2011, beneficiaron a 3,573 servidores públicos del Poder Judicial del Estado y participantes externos; sumando los programas 4,598 horas de capacitación, desarrolladas en Morelia, así como en diversas sedes del Estado, en otras entidades y fuera del país. Tales cifras reflejan un incremento de 24 por ciento de los recursos humanos capacitados, y del 22 por ciento en horas de formación.
El Consejo del Poder Judicial dio por concluidas 253 quejas administrativas. Las sanciones impuestas fueron 52 multas; 27 amonestaciones por escrito; 24 suspensiones; 5 destituciones y 1 inhabilitación; con lo cual salvaguardamos los valores de integridad, honestidad, veracidad, independencia, imparcialidad y disciplina propios de la función jurisdiccional.
Los consejeros de la Comisión de Vigilancia y Disciplina efectuaron 254 visitas de inspección a la totalidad de los órganos judiciales y las áreas administrativas.
De igual manera, se verificaron 14 procedimientos de ratificación de jueces durante 2011. En 13 de ellos se determinó confirmarlos por un periodo de 3 años. Por otra parte, concluyó el concurso abierto de oposición para la selección del magistrado de la quinta sala penal que, oportunamente, fue designado por el Congreso del Estado.
Ahora bien, parte de las responsabilidades del Poder Judicial implica la atención, el acercamiento a la sociedad y la promoción de la cultura de la legalidad.
Fortalecimos, a lo largo de 2011, diversos medios para interactuar con la sociedad, así como con instituciones públicas y privadas. Ejemplo relevante fue la visita de 37,623 personas a nuestros edificios históricos; de las cuales, 3,879 fueron visitas guiadas para niñas y niños.
A través de programas de colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y la Asociación mexicana de impartidores de justicia se fortalecieron nuestros vínculos con la judicatura nacional y el Poder Judicial de la Federación.
Igualmente, consolidamos lazos con instituciones de educación superior, de manera especial con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Con las asociaciones y colegios de abogados seguimos manteniendo relaciones basadas en el respeto y colaboración, prestando especial atención a sus sugerencias y observaciones, hechas siempre con el ánimo de mejorar, por su conducto, nuestro servicio a la ciudadanía.
El recurso más valioso del Poder Judicial son sus trabajadoras y trabajadores. Sin el decidido apoyo de los que día a día aportan sus capacidades y profesionalismo, no sería posible concretar la función esencial de impartir y administrar justicia a la sociedad michoacana.
La dinámica de transformación de la judicatura michoacana presta particular atención a su capital humano. En el Poder Judicial apoyamos, de manera decidida, a nuestro personal mediante la homologación de toda la planta laboral en materia de seguridad y previsión social, así como reforzando las medidas de prevención y de protección civil; acciones que mejoran sustancialmente sus condiciones de trabajo y la calidad de vida de sus familias.
Estoy convencido que el diálogo con la base trabajadora, constituye la vía privilegiada para juntos garantizar, en y con mejores escenarios laborales, el acceso a la justicia.
Señoras y señores:
En este proceso de transformación hemos logrado avances importantes, con resultados tangibles; sin embargo, afrontamos grandes desafíos.
El más importante es y seguirá siendo, garantizar, a todos, el derecho humano de acceso a la justicia, de manera oportuna y continua.
El nuevo sistema de seguridad ciudadana y justicia penal es irreversible y responsabilidad conjunta de los tres poderes del Estado.
Su implementación precisa, ciertamente de la expedición de normas legales, el cambio cultural, la reingeniería de todas las instituciones involucradas, la capacitación y selección de los operadores jurídicos, la infraestructura y tecnologías de la información, pero también conlleva –además del compromiso renovado– los recursos suficientes para su materialización, en un año, contado a partir de esta fecha.
Para ello, las obras suspendidas en Morelia y Uruapan, que cuentan con recurso etiquetado y aprobado, deben reanudarse de inmediato.
También habrá que concretar, a la par, la operación de los juzgados de ejecución penal.
Finalmente, tenemos en puerta nuevas formas procesales, como la oralidad en materia mercantil, el narcomenudeo, la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y las que seguramente se sumarán.
En el Poder Judicial estamos preparados y continuaremos transformándonos, para superar estos desafíos.
El servicio es nuestro poder.
Muchas gracias.