A nombre del Poder Judicial, y ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, cumplo el mandato constitucional de informar el estado que guarda la administración de justicia en Michoacán.
Se trata del último informe que tengo el honor de realizar en mi período como Presidente del Poder Judicial, y lo hago en el contexto de un amplio y profundo cambio institucional que obedece a nuestra responsabilidad de estar al día con las expectativas y demandas de la sociedad michoacana. Un período de crucial transformación que nos sitúa en un histórico punto de evolución.
No se trata de cambios accesorios o artificiales, sino de la necesaria respuesta de nuestra institución para consolidar y proyectar los valores de autonomía e independencia que son la base de nuestra propia existencia e historia.
Hoy, el Poder Judicial avanza en un proceso de evolución que busca establecer un sólido vínculo de confianza con los ciudadanos; una relación que requiere de un esfuerzo y compromiso que supera el cumplimiento de nuestra responsabilidad constitucional y se proyecta en el mejoramiento permanente de nuestra acción.
Con orgullo podemos decir que el Poder Judicial cumple con eficiencia la tarea de impartir y administrar justicia, acción que representa la esencia de su quehacer institucional.
El normal funcionamiento del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en las 32 sesiones realizadas este año, además de la adscripción del magistrado Héctor Octavio Morales Juárez y la readscripción de los magistrados Sergio Alberto Cázarez Solórzano y Víctor Barragán Benítez, son muestra de ello.
Lo mismo queda de manifiesto en la conclusión de las 6.393 causas ingresadas en la segunda instancia civil y la resolución de 5.034 causas en la segunda instancia penal, sobre las 5.001 ingresadas durante 2012.
En el caso de la primera instancia penal se observa la resolución de las 6,654 causas ingresadas y la primera instancia civil presenta un porcentaje de resolución que supera el 96 por ciento de las 49,371 causas sometidas a su conocimiento, a pesar incluso del incremento de más de 1.500 asuntos en comparación con el ingreso del año anterior.
Estas cifras -que pueden ser revisadas en detalle y extensión en el informe que ponemos a disposición en versión digital e impresa-, son sólo una pequeña muestra del esfuerzo constante de los hombres y mujeres que componemos el Poder Judicial en el cumplimiento de nuestras responsabilidades.
Hemos concentrado parte importante de nuestros esfuerzos en garantizar el acceso a la justicia sin distinción, dando especial atención a determinados grupos sociales y étnicos que consideramos más sensibles. En este sentido, en los dos juzgados especializados en justicia integral para adolescentes, ingresaron 216 causas, concluyéndose un total de 337. En cuanto a la segunda instancia, se resolvieron 76 controversias, mismo número ingresado.
En el ámbito de la justicia comunal también los resultados fueron positivos. Los dos juzgados especializados, ubicados en Coahuayana y Uruapan, admitieron 113 asuntos civiles y penales, finalizándose 149. Aquí cabe destacar que los ingresos, en relación con el ejercicio anterior, se redujeron casi a la mitad.
Se trata de números que difícilmente pueden reflejar la magnitud real del esfuerzo cotidiano de todas y todos los integrantes del Poder Judicial, y que sin embargo, dan cuenta palpable del compromiso y excelencia de quienes integramos esta institución. Somos una organización consciente de los desafíos que impone una sociedad que cambia y demanda un Estado de Derecho moderno y eficiente.
La consolidación de ese vínculo de confianza no es un giro retórico para la Institución. Lejos de ello, se trata de una respuesta concreta al desafío de garantizar el acceso oportuno a la justicia de las y los michoacanos que confían la resolución de sus conflictos, así como la tutela de sus libertades y derechos a la judicatura estatal, sabiendo que obtendrán una decisión justa, pronta y apegada a la ley.
Para cumplir con el reto de adaptar nuestra labor a una sociedad que cambia es que hemos asumido un proceso de modernización que busca mayor transparencia y eficacia para servir a la comunidad. Esos
conceptos guían nuestro desarrollo como Poder Judicial y están inscritos a fuego en procesos de transformación que marcan una línea de no retorno en este camino.
Este desafío requiere de un fortalecimiento institucional permanente, capaz de articular mecanismos administrativos y de gestión con metas claras, adecuados procesos de seguimiento a proyectos para el cumplimiento de plazos y la optimización en el uso de los recursos disponibles.
Estamos empeñados en un proceso de transformación que tiene como ejes el perfeccionamiento de nuestra gestión administrativa e institucional; el logro de crecientes grados de transparencia; la permanente capacitación judicial y administrativa; y la vinculación social e interinstitucional.
Por ello, durante los últimos años hemos asumido el desarrollo de proyectos estratégicos que implican un compromiso institucional que trasciende ampliamente a la acción de una administración específica y que buscan consolidar un servicio de excelencia, con mayor cercanía y apertura a la comunidad.
Buen ejemplo de esto último es la puesta en funcionamiento del Centro de Atención al Usuario y de la Oficialía de Partes Automatizada de Término, ambos proyectos aprobados como parte del programa de optimización del servicio al usuario por el Consejo del Poder Judicial en abril de 2012.
El Centro de Atención al Usuario fue concebido y establecido como un mecanismo que ampliara las posibilidades de acercamiento entre la sociedad y la judicatura. Se trata de 26 módulos distribuidos en los distritos judiciales de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, donde los usuarios tienen a su disposición diversos medios a través de los cuales pueden emitir comentarios, observaciones y sugerencias respecto del servicio, así como obtener respuesta a dudas generales con relación a nuestra Institución.
En tanto, la inauguración en junio de 2012 de la Oficialía de Partes Automatizada de Término, primero en Morelia y luego en Uruapan -a finales de octubre- ha permitido entregar una atención más expedita y continua de esta unidad del Poder Judicial, y que los usuarios cuenten con un horario más amplio para realizar sus trámites.
El fortalecimiento de un mejor servicio implica también transformaciones internas en nuestros procesos. Por ello, la modernización que pregonamos debe alcanzar a cada uno de los servidores públicos, ya que ellos son el motor de los cambios que pretendemos generar. Requerimos de procesos institucionales cada vez más eficientes, cercanos, transparentes, apegados a derecho y fundamentados en las normas que rigen nuestros procedimientos.
La inauguración de la Central de Comunicaciones Procesales, motivada por la importancia que reviste la relación entre los órganos jurisdiccionales y las partes en este ámbito, permitió concentrar y dirigir en una sola oficina todas las actividades vinculadas con el trámite de mandatos judiciales y con las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de información. A partir del inicio de sus funciones en el mes de noviembre, los 25 actuarios y actuarias ahí concentrados, verificaron poco más de 1.400 diligencias en materia civil y 425 en materia penal.
La forma de impartir justicia debe estar constantemente expuesta a las transformaciones para buscar la manera más eficiente de entregarla. Las transformaciones sociales nos exigen una justicia que vele por el respeto de los derechos fundamentales, tanto de los ofendidos como de los ofensores. También nos exige nuevas instancias de acuerdos que nos permitan, además, optimizar los recursos con que cuenta la Institución.
En este sentido, la inclusión de medios alternos de solución de controversias supone un avance decisivo. Previsto en el nuevo Código de Procedimientos Penales, el mecanismo de acuerdo reparatorio ha incidido en el incremento de las funciones y servicios de nuestro Centro de Mediación y Conciliación.
Para que dicho Centro pueda cumplir con las nuevas responsabilidades, se desarrolló el Primer curso de formación inicial para mediadores, conciliadores y facilitadores de procesos de justicia restaurativa del nuevo sistema de justicia penal. Fueron seleccionados 19 nuevos profesionales, de los cuales 7 entraron en funciones en todo el Estado el pasado 1º de febrero, mientras que otros 12 se encuentran en reserva.
También con el objetivo de dar un mejor servicio a nuestros usuarios, en 2012 remodelamos la sala de lecturas del Palacio de Justicia del Centro Histórico y la biblioteca del Palacio de Justicia José María Morelos. Dos mil
libros forman su nueva colección, los espacios son más propicios para la lectura y el estudio, y mejoramos el servicio que ahí prestamos. Los invito a todos a que la conozcan.
Otro de los proyectos que hemos impulsado es el Programa de Gestión Ambiental, a través del cual pretendemos crear conciencia de la importancia que supone el resguardo de nuestro entorno. Así, en 2012 donamos, previamente reparadas y totalmente funcionales, un total de 500 computadoras y 300 impresoras a escuelas del estado: Asimismo, logramos reciclar 28 mil 980 kilos de papel, alrededor de 3 mil artículos electrónicos y 60 kilos de pilas y baterías.
Esto demuestra el compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía y con su entorno.
Lo anterior forma parte de la gran transformación que requiere del compromiso activo de todos los componentes sociales; desde aquellos que somos depositarios del mandato constitucional de establecer y desarrollar las condiciones necesarias para el funcionamiento de un nuevo sistema de justicia penal, hasta aquellos que tienen una responsabilidad social en cuanto a reclamar mejor y mayor acción de la justicia.
El Nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal en el Estado de Michoacán implica un cambio histórico. Es resultado de atender las necesidades de una sociedad dinámica, que se conmueve y le exige a sus instituciones; una sociedad que le reclama a las autoridades a cargo de la impartición de justicia una mayor transparencia de los procesos, mayor información, más eficiencia y agilidad, una actuación de cara a la comunidad y, especialmente, le pide un mayor respeto por los derechos y dignidad de aquellos que recurren a nosotros.
Las instituciones a cargo de impartir justicia hemos llevado un año 2012 abocados a la capacitación de los diversos operadores del Sistema. Sabemos que es un proceso complejo, pero seguimos en ello. Ese es uno de nuestros compromisos para este año, para llegar a 2014 con una estructura sólida que nos permita entrar al nuevo sistema.
De manera constante durante el último año, el Poder Judicial ha cumplido con su planificación propuesta en cuanto a la capacitación de operadores, incorporación de nuevas tecnologías y habilitación de infraestructura para responder de manera adecuada a los nuevos procedimientos.
Uno de los grandes hitos de esta transformación fue la entrada en funciones, a partir del mes de octubre, de siete juezas y jueces de ejecución de sanciones penales, quienes recibieron 1,779 expedientes de ejecución, 557 que corresponden a procedimientos de ejecución y 1,252 a cuadernos de vigilancia. Desde finales de octubre hasta diciembre de 2012 se registraron en todo el Estado 36 audiencias orales en la materia.
Asimismo, durante el ejercicio pasado se realizaron dos cursos de formación inicial para jueces del nuevo sistema penal acusatorio y oral, habiendo culminado a la fecha el primer curso de oposición abierto. De dicho curso resultaron seleccionadas cinco juezas y nueve jueces, de un total de 61 participantes.
Más allá de las dificultades financieras que ha enfrentado el Estado en el último ejercicio fiscal, el Poder Judicial no dejó de lado el tema de infraestructura. Así, se concretó la adaptación de cinco salas de oralidad en la ciudad de Morelia, espacios que han venido a satisfacer las necesidades y requerimientos, tanto técnicos, como administrativos y tecnológicos, para efectuar las audiencias sin contratiempos. A ellos se han sumado los trabajos de adecuación de tres salas de oralidad en Apatzingán, Los Reyes y Zitácuaro.
En el mismo ámbito, como parte de un convenio firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, iniciaremos la construcción del Centro Regional de Mediación de Morelia y el Centro de Mediación de Pátzcuaro, así como de espacios para otorgar mejores condiciones laborales del personal.
También, me complace anunciar que retomaremos la construcción de las 6 salas de oralidad en el Cereso Mil Cumbres y dos salas en Cereso de Uruapan, obras que habían estado detenidas y presentaban un avance de 45 y 60% respectivamente. Además, están en proceso de adecuación dos salas de oralidad en el Centro de Integración Juvenil del Estado, en Morelia, además de haberse concretado la donación de un terreno en Pátzcuaro de 2.3 hectáreas para la instalación de salas de oralidad.
El gran esfuerzo de estos últimos meses, va generando nuevos desafíos y necesidades. Hemos logrado instalar el tema del Nuevo sistema de justicia penal a través de diversas acciones, directas e indirectas. Ha sido y es un trabajo arduo, pero confiamos en que esta nueva forma de impartir justicia y con más transparencia, genere a su vez mayores niveles de confianza.
Nuestro reto ya no pasa sólo por dar a conocer la existencia de un nuevo sistema, de formar a los operadores y establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de las nuevas funciones; sino que pasa también por sensibilizar a la población sobre lo que este gran salto supondrá para el resguardo de sus derechos, para su acceso a la justicia. Nuestro desafío es educar y comunicar.
Si bien el gran tema ha sido el nuevo sistema penal, no hemos dejado de lado otros ámbitos en los que avanzamos hacia la oralidad. Es así como a partir de junio de este año se sumará a este modelo el ámbito mercantil, para lo cual ya inicia la adecuación de espacios para salas de oralidad. También estamos en preparación para la oralidad familiar.
Reconocemos en el camino de la transformación y modernización la gran importancia de los procesos de asociatividad y del establecimiento de vínculos. Estamos ciertos de que se trata de una de las condiciones basales para el desarrollo y fortalecimiento institucional, de las organizaciones y de los estados de manera individual, así como para el fortalecimiento de la institucionalidad a nivel nacional.
En este ámbito, gracias al acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, pudimos implementar en Michoacán el modelo de simulación desarrollado por el Centro de Investigaciones Matemáticas el cual nos permitirá optimizar los recursos presupuestales y humanos, para un mejor y más eficiente desarrollo del nuevo sistema de justicia.
En otro capítulo de la cooperación, esta vez con el Poder Judicial de Baja California, en agosto del pasado año concretamos la transferencia del Sistema Integral de Administración Judicial, cuya aplicación en el nuevo sistema de justicia penal nos permitirá concretar la coordinación eficiente de las instituciones que tendrán bajo su responsabilidad la administración de la agenda de las salas de oralidad.
No sólo hemos establecido y desarrollado importantes lazos con los poderes judiciales de Guanajuato, Baja California, Tamaulipas y, ahora, con el Tribunal Superior del Distrito Federal. También nuestro interés de asociarnos ha abarcado organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresariales y organismos internacionales.
Así como destacamos la acción enlazada a otras organizaciones de la sociedad michoacana y del país, también valoramos el trabajo que día a día hacen los más de dos mil servidores públicos del Poder Judicial en todo el Estado. Estamos ciertos que cada uno de los que conformamos esta Institución debemos entregar un servicio de calidad, comprometido con la tarea institucional. Para ello tenemos el deber de establecer un clima laboral apropiado.
No cejamos en la mejora continua de dichas condiciones. Uno de los pasos clave en 2012 fue la aprobación para la creación del área de Gestión de Talento, cuya misión es mantener una plantilla de personal satisfecho, en un ambiente de trabajo sano que nos permita lograr un servicio de excelencia y comprometido. Para ello, diseñaremos e implementaremos políticas de compensación equitativa para todos los integrantes del Poder Judicial.
Además, en consonancia con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, y con base en documentos elaborados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, en la cual participamos, el Consejo del Poder Judicial determinó crear el área de Derechos Humanos y Equidad de Género. Esta nueva dependencia tendrá a su cargo el diseño y desarrollo de políticas, normativas y programas de sensibilización que deberán fortalecer tanto la observancia, difusión, promoción y respeto de los derechos humanos en el contexto del nuevo mandato constitucional, así como la perspectiva de género en el Poder Judicial para procurar entornos laborales más equitativos.
La seguridad de todo servidor público ha sido prioridad para la institución y por eso nos hemos capacitado en protocolo y sistemas de seguridad, realizamos simulacros de evacuación en todas las oficinas, de manera individual y conjunta; conferencias con información valiosa sobre protección personal, y está en proceso la tercera parte de un estudio de seguridad del Palacio de Justicia José María Morelos.
Hemos comprendido los requerimientos de la sociedad: transparentar la gestión es un desafío prioritario. Es parte fundamental de la evolución institucional de la que hablamos.
Requerimos de la confianza de la ciudadanía, como base que valide nuestro actuar: somos servidores públicos y, más allá de los mecanismos de control internos y externos que resguardan nuestra acción, es a nivel social
donde encontramos uno de los pilares básicos de nuestra institucionalidad y gobernabilidad.
La función jurisdiccional requiere de la sana crítica que se origina en virtud de la opinión pública, debidamente informada. Ello redunda en una mayor visibilidad institucional y abona a la claridad con la que sociedad espera que se desarrollen las actuaciones que configuran una administración e impartición de justicia moderna, dinámica y de calidad.
Estamos comprometidos en materia de transparencia, rendición de cuentas y derecho a la información. Cuentas de carácter público deben ser una condición y estar disponibles para quienes lo soliciten. En términos presupuestales, el monto asignado por el Congreso del Estado al Poder Judicial para el ejercicio 2012, fue de mil 062 millones 365 mil 060 pesos. En tanto, lo que corresponde al presupuesto otorgado por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el mismo periodo ascendió a 26 millones de pesos.
En relación a la administración de los recursos que integran el Fondo Auxiliar, al 31 de diciembre de 2012, de un total de 337 millones 687 mil 554 pesos, alrededor de 167 millones correspondieron al fondo en administración por recursos propiedad de terceros; y 170 millones, al fondo propio.
Con el mismo objetivo de profundizar la transparencia, y en cumplimiento de la reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Poder Judicial llevó adelante la implementación del sistema de armonización contable, herramienta que ha permitido cumplir con las obligaciones legales a través de la operatividad de dos módulos que comprenden los recursos financieros y materiales.
Una planificación responsable ha permitido una optimización en el uso de los recursos institucionales durante 2012. Esto ha quedado de manifiesto no solamente en los proyectos que hemos concretado, sino además a través de diversas acciones de control administrativo desarrolladas durante el periodo.
Una mayor transparencia va más allá del acceso que cualquier interesado pueda tener a nuestras cuentas. También supone transparentar todas nuestras acciones institucionales; hacerlas de cara a la comunidad.
Asumimos que el Poder Judicial carga con un concepto extendido de que las acciones que se acometen no se hacen de manera pública. Hemos hecho un esfuerzo por cambiar esa concepción. Trabajamos activamente, a través de nuestra Unidad de Comunicación Social y Acceso a la Información Pública, abriendo espacios y estableciendo diversos canales de información que nos han permitido llegar a los públicos que interactúan con el Poder Judicial.
Estamos conscientes que una comunidad informada es uno de los pilares de la democracia y de nuestra institucionalidad. Es, además, la piedra angular de la confianza que debe tener cada ciudadano y ciudadana en sus instituciones; no solamente conocer el cómo funcionan, sino saber que lo están haciendo de la manera adecuada.
Hemos tomado una actitud proactiva respecto a la información y a la comunicación corporativa, estableciendo, asimismo, un nuevo trato con los medios de comunicación basado en una relación de respeto mutuo.
Proyectar la labor del Poder Judicial, comprometerse activamente en beneficio de la población, supone hacerlo de la manera más concreta y creíble posible. La construcción de la confianza está definida por el tipo de relación que establezcamos con la ciudadanía. Ella debe identificar como ciertas y posibles las acciones que proponemos.
Otro elemento de peso para consolidar nuestra institucionalidad es el carácter independiente del Poder Judicial, en cuanto a sus decisiones, a trabajar sin injerencias ni presiones externas o internas. No se trata de contraponer la acción de los otros dos poderes, por el contrario, trabajamos por el establecimiento de todas las instancias necesarias de coordinación y cooperación; somos parte de un todo sistémico, donde cada quien debe cumplir con su responsabilidad para el progreso y evolución.
Durante el último año, especialmente, el Poder Judicial ha estado expuesto al escrutinio público ante diversos hechos de gran connotación social que han requerido de nuestra intervención. A la par de velar por el resguardo de los derechos de imputados y ofendidos, hemos podido garantizar en cada una de las decisiones judiciales, dictámenes ajustados a derecho, sin presiones y de manera pública y transparente.
Nos hemos esforzado estos años porque esa autonomía no se vea afectada por los necesarios cambios que experimenta la impartición de justicia. Por el contrario, las transformaciones las hemos ido incorporando como
pilares de esa independencia. Ciertamente, no podríamos entender nuestra propia autonomía sin respetar y defender la de los otros poderes del Estado y sus atribuciones.
Hemos abierto las puertas del Poder Judicial a la ciudadanía. Deseamos que conozcan lo que hacemos, nuestra misión constitucional, así como nuestra misión social y para con el resguardo del patrimonio cultural e histórico del estado.
En este sentido, el Archivo y Museo Histórico del Poder Judicial ha desarrollado una importante tarea de educación y difusión. La institución atendió a más de 33.000 usuarios que se acercaron al Palacio de Justicia del Centro Histórico, donde disfrutaron de actividades de divulgación cultural, accedieron a los servicios de consulta documental o asistieron a exposiciones, ciclos de cine, música y obras de teatro.
Consciente de su labor, el Archivo Histórico ha trabajado arduamente para entregar un servicio de excelencia. Muestra de ello es la ratificación de las certificaciones ISO 9001-2008 de los sistemas de gestión implementados.
Somos un poder en evolución, lo hacemos inmersos en una sociedad que cambia y demanda, somos parte fundamental de ella, y nos sentimos orgullos de poder cumplir con las metas que nos proponemos y con el esfuerzo que cada uno de nuestros servidores públicos pone para su consecución. Somos grandes responsables de que esos cambios se generen de manera adecuada, por las razones correctas. Somos responsables de seguir profundizando las transformaciones.
Estimados magistrados y magistradas del Supremo Tribunal de Justicia e integrantes Consejo del Poder Judicial, autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo que nos acompañan:
Realizo este último informe sobre el estado que guarda la administración de justicia como presidente del Poder Judicial de Michoacán, con orgullo de lo avanzado en estos últimos tres años, pero en mayor medida, con un profundo agradecimiento hacia los hombres y mujeres que componen esta institución. Conozco el compromiso y esfuerzo de cada uno de ellos.
Hoy vivimos un proceso de transformación institucional que estoy seguro trasciende el actual período administrativo. Se trata de un tiempo de apertura y modernización que proyecta y consolida los valores más profundos del Poder Judicial.
Por eso, estoy convencido de que este proceso será alentado por quien tenga la responsabilidad de dirigirlo durante los próximos tres años, asumiendo la conducción de una institución que necesita avanzar hacia el logro de nuevos desafíos, tan relevantes como la implementación del Nuevo sistema de justicia penal.
En lo personal tendré el agrado de retornar a mi labor como magistrado, poniéndome al servicio del Poder Judicial para avanzar en el logro de sus metas, las que hoy son compartidas por quienes lo conformamos.
Al término del período que concluyo, sólo resta hacer entrega de esta conducción con la certeza de que transitamos una ruta de desarrollo que incorpora claros desafíos, en cuyos logros hemos podido avanzar con paso firme y decidido.
Entrego una institución que está desarrollando proyectos estratégicos cruciales para consolidar una relación de confianza con la sociedad michoacana, y estoy convencido de que ese camino es hoy un horizonte compartido por el Poder Judicial de Michoacán.
El servicio es nuestro poder.
Muchas gracias.