Comunicado 33/2006

Morelia, Mich., a 16 de mayo de 2006.- La mediación es un instrumento jurídico en constante crecimiento, que requiere ya la certificación de mediadores que conlleve a su aceptación por parte de ciudadanía y de las instituciones, declaró Rafael Lobo Niembro, Consultor del proyecto ABA USAID en Monterrey.

Durante su ponencia denominada 'Algunos Aspectos Relevantes en los Proyectos de Ley de Mediación', ante el Magistrado de la Séptima Sala Civil, Jacinto Nava Mendoza, Rafael Lobo Niembro expuso que para dar mayor certidumbre al proceso de Mediación, en algunos Estados de la República Mexicana , los legisladores locales han modificado La Constitución Local , Códigos Civil y Penal, Códigos de Procedimientos Civiles y Penales, Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Entre otros aspectos, durante el Foro Regional de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Tendencias Contemporáneas de la Mediación en Sede Judicial', indicó que una nueva ley de mediación debe contener una exposición clara y congruente de motivos, en muchos casos también debe contener un glosario de definiciones de términos precisos contando con que no sólo abogados podrían ser mediadores, o bien para que la ciudadanía los comprenda con mayor facilidad, es decir ser breve y de fácil entendimiento. Debe contener un capítulo congruente, siguiendo una metodología. Así mismo deberá de contener las disposiciones generales donde veremos el objeto, alcance y aplicación de dicha ley. Del mismo modo deben existir deberes y obligaciones para las partes, siendo un requisito para ser mediador público y privado.

Al tiempo que reconoció el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Morelia que cuenta con un centro de mediación municipal desde el sexenio pasado, dijo que para ser un mediador se debe tener la confianza ganada y sobre todo, saber de mediación.

Señaló como importante aclarar que la responsabilidad del mediador debe ser de tipo administrativo, y apuntó como ideal que en el contenido de la ley de mediación, se diga con claridad los tiempos de inicio y terminación del proceso de mediación debe definir en qué consiste la confiabilidad, así como ilustrar el significado del valor del acuerdo como documento ejecutable en base a un mecanismo específico que le dé el carácter de cosa juzgada.

También marcó como trascendente que se conozca los aspectos transitorios como entrada en vigor de la ley, fecha de apertura del centro estatal, tiempo para tener listo el reglamento, que el presupuesto esté aprobado y, por supuesto, contar con las instalaciones para el desarrollo de la técnica de mediación.

El mediador enfatizó que es importante generar una red o sistema estatal de mediación entre organismos públicos y privados, así como evitar caer en una sobre regularización de la mediación.

Asimismo, afirmó que la certificación voluntaria de mediadores debe ser con base en indicadores objetivos que deberán de evolucionar con el movimiento de mediación de cada estado.

Rafael Lobo Niembro, habló de la certificación que busca la calidad y la habilidad de desempeñar una función de manera profesional, por lo cual la capacitación es de especial relevancia, y prueba de ello es que ha obtenido resultados en los estados de de Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, así como en Colima, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, y Michoacán,, que entró al proyecto en el año 2004.

En tanto que en los estados de Durango, San Luis Potosí y Yucatán la incorporación al proyecto ABA USAID fue en este año al proyecto; con lo cual son actualmente 20 jurisdicciones participantes.

Rafael Lobo, habló de la participación en cuanto a instrucción del Instituto de la Judicatura Federal , la Suprema Corte de Justicia de la Nación , el Centro de Mediación Notarial, A.C. y la Barra Mexicana , Colegio de Abogados, así como de algunas Universidades.

Explicó que el consejo para las Iniciativas jurídicas de Latinoamérica de la American Bar Association (ABA) nace de las relaciones bilaterales entre EEUU y México entre jueces estatales y federales, donde se busca compartir experiencias en base al desarrollo en distintos puntos de interés, entre ellos la mediación; esto de la mano de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados Unidos, que es el que financia dicho proyecto.

Recordó que la estructura básica del proyecto lo integran, la Directora del Consejo sobre Iniciativas Legales para América Latina, (LALIC) --por sus siglas en inglés--, Macarena Tamayo Calabrese quien dirige y coordina.