Comunicado 38/2006

Morelia, Mich., a 18 de mayo de 2006.- La mediación enfrenta el reto de establecerse en la mente de una sociedad que gira alrededor de la cultura de la violencia, además de la capacitación para afrontar el amplio margen de operatividad de la reforma al artículo 18 de la Constitución que faculta y obliga a los legisladores de las entidades federativas a la creación de una ley de Justicia Juvenil, reconocieron expertos mediadores de diferentes entidades de la República Mexicana en el segundo panel de discusión, que llevó el nombre 'Perspectivas de los métodos alternativos de resolución de controversias en México'.

Posteriormente, luego de la lectura de las conclusiones del 'Foro Regional de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos Tendencias Contemporáneas de la Mediación en Sede Judicial', organizado por el Supremo Tribunal de Justicia, la Unión Europea, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, así como el Ayuntamiento de Morelia, y la intervención del doctor Josep Redorta invitando a que las autoridades afronten el reto de lo que significa la instrumentación de la mediación, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Fernando Arreola Vega se congratuló por la realización del importante evento internacional, que facilitó la obtención de información elemental de parte de expertos para que se defina lo que mejor conviene en materia de medios alternativos, para los michoacanos y llevó a cabo la clausura formal.

En el desarrollo del segundo panel, conducido por el M. en D. Emmanuel Roa Ortiz, Director del Instituto de Especialización Judicial del STJEM, luego de exponer sus experiencias en la instrumentación de la mediación en sus entidades de origen, los expertos coincidieron de manera reiterada en señalar la importancia de construir una cultura de la paz a través de la mediación con estrategias de acercamiento e información con la ciudadanía.

Héctor Hernández Tirado, Mgdo. de la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, apuntó como punto de coincidencia el hecho de que la mediación es hoy una necesidad social e institucional donde cada legislador debe corresponde generando marcos normativos que prevean y regulen el servicio de la mediación en sede judicial, extrajudicial o de procuración de justicia, inclusive escolar y comunitaria.

También coincidió en apuntar como vital aportar propuestas para la integración de los centros alternos dentro de la estrategia al sistema integral de justicia para la atención de los casos en que se atribuya a conductas tipificadas como delitos a los adolescentes, siempre que sea procedente ello en el marco del artículo 18 reformado, hecho que abre toda una gama de posibilidades para los justiciables, pero que también significa un enorme reto.

Carlos Mario Téllez Guzmán, Director del Centro de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato planteo el reto de la mediación penal ante la entrada en vigor de la Reforma al Artículo 18 de la Constitución relativa a la justicia juvenil, donde los profesionales de la mediación deberán poner especial atención, recordando ante todo su evolución personal, a partir de lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a ser.

"Tratándose de los menores hay que considerar cuál es su origen, los motivos por lo que se encuentran en conflicto con la ley penal, y cuál es la forma de orientarlos de forma tal que se evitara el riesgo de que se volvieran a presentar esas conductas antisociales; son temas muy delicados y en Guanajuato es de mucho interés por las diferencias de edad que va a presentar esta reforma".

Percibió que la ley no se confronta con la mediación, toda vez que esta herramienta que puede ser ocupada para la lista de delitos tipificados como no graves y procura establecer lazos de comunicación entre el adolescente, sus tutores, maestros, custodios y representantes, pero quien ha infringido la ley debe reconocer que su conducta es agresiva que lesiona los derechos de los demás, que ha infringido la ley y que la solución es la abstención de sus conductas antisociales".

La licenciada Rosalía Buenrostro Báez, Coordinadora de Proyectos Especiales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, expuso las perspectivas a corto, mediano y largo plazo en cuanto a la mediación, que es el desconocimiento de las metodología, tanto de las autoridades como de la ciudadanía en general, lo cual lleva a que la gente no llega en el número que debería.

"Indiscutiblemente en el Distrito Federal nosotros necesitamos de apoyo para impulsar una campaña de difusión que involucre todos los medios de comunicación masiva para que llegue a todos los sectores de la sociedad y puedan recurrir a ellas".

Además dijo se enfrenta el hecho de que la sociedad no entiende que sus problemas puedan resolverse de manera pacífica; de que la gente aprenda a asumir la responsabilidad de sus conflictos y a resolverlos por sí mismos, a través del diálogo y la negociación.

La Directora del Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Libia Solorio Lozada, recordó el origen de dicho órgano a partir de un acuerdo de Pleno, de los reglamentos y apuntó como prioridad inmediata el fortalecimiento a través de la publicación de su respectiva ley orgánica y en materia financiera: "Legislativo y financiero y sobre todo en materia de difusión".

Y recordó que en su entidad federativa cuentan ya con dos centros de Mediación, pero indicó que existen más necesidades de ampliación: "Hemos tenido que ir superando algunas dificultades de la mediación en cuanto a difusión, de conocimiento y participación del propio foro de abogados y su extensión en otros distritos judiciales del Estado".

La necesidad de los recursos económicos y sociales son indispensables para el buen funcionamiento del centro, dijo la funcionaria, quien distinguió entre los retos en la mediación en el Distrito Federal, y apuntó: Convencer de las ventajas de la mediación.

Atender los casos de mediación civil y penal, esto último en atención en el marco de la justicia restaurativa en los casos de ilicitud en contra de los adultos mayores en la capital del país.