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07.03.10 La sociedad espera y confía que sus jueces administren justicia de manera completa, expedita, con independencia y autonomía, sujetos únicamente al imperio de la ley, señaló enfático Alejandro González Gómez magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, en el acto conmemorativo del CXCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación 1815-2010, donde además aseguró que la configuración del Estado social y democrático de derecho al que aspira el pueblo mexicano, precisa una judicatura fuerte, autónoma, independiente, con rendición de cuentas y transparente.
Ante el licenciado Felipe Calderón Hinojosa presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; del Mtro. Leonel Godoy Rangel, gobernador constitucional del Estado de Michoacán; del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; del senador Carlos Navarrete Ruiz, presidente del senado de la República; de la Doctora Guadalupe Calderón, presidenta del congreso del Estado de Michoacán; del C.P. Jorge Moreno M Martínez, presidente municipal de Ario; de la señora Margarita Zavala, y de la ministra Margarita Luna Ramos, entre otras distinguidas personalidades, refirió que la celebración republicana que los reunió en esta fecha, es propicia, no sólo para honrar a quienes con inspiración, visión y actuación, dieron a la incipiente nación mexicana su Primer Supremo Tribunal de Justicia, sino también para convalidar y reiterar que los derechos y libertades fundamentales tienen en la judicatura nacional su mejor garante.
El magistrado González Gómez refirió que de esta forma, contando ya con una rica tradición histórica, el antecedente de Ario nos permite comprender que el respeto y eficacia de los derechos fundamentales sólo es posible mediante la intervención decidida y siempre con apego irrestricto a la legalidad de los jueces.
Las tareas encomendadas actualmente a la jurisdicción en el marco del equilibrio de poderes, que garantiza una respuesta expedita a las necesidades de la sociedad mexicana, también requiere de un respetuoso diálogo y colaboración entre pares. La trascendencia del diálogo judicial cobra aún mayor importancia, teniendo en cuenta los profundos cambios que están en curso en la procuración y administración de justicia, que en breve habrá de transformar radicalmente la forma de interactuar entre la sociedad y la Judicatura principalmente, pero no tan sólo en el ámbito de la seguridad pública y justicia penal, dijo.
Explicó que así como la memoria de Ario evoca la magnífica y extraordinaria conjunción de esfuerzos para concretar la instalación del primer Supremo Tribunal de Justicia de la Nación; de igual forma, la implementación de la trascendental reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, requiere la voluntad y participación, no sólo de los operadores jurídicos, sino de toda la sociedad. Antes de finalizar su intervención, el magistrado presidente aseguró que los desafíos de la transición legislativa y puesta en marcha del sistema penal acusatorio y oral, sólo podrán afrontarse oportunamente con el concierto de voluntades y esfuerzo de los tres órganos de gobierno y la participación informada de la sociedad.
En su oportunidad, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que es tiempo de esforzarnos sin titubeos ni cortapisas por consolidar un verdadero país de leyes, un México de justicia, por lo que urgió en la necesidad de aprobar la reforma al sistema de justicia penal en el país.
Al presenciar la celebración del CXCV Aniversario de la Instalación del Primer Supremo Tribunal de la Justicia de la Nación, el mandatario indicó que tenemos el deber de respetar y hacer respetar las leyes; y seguir construyendo y fortaleciendo instituciones eficaces, que defiendan y protejan los derechos de todos, por igual.
Frente a autoridades de los tres órdenes de gobierno del estado de Michoacán y del país, Calderón
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Hinojosa dijo que para encarar ese desafío se ha impulsado una reforma constitucional al sistema de justicia penal, que ya fue aprobada por el Congreso y el Constituyente Permanente. Con ella se están adoptando juicios orales, procesos simplificados y un régimen de protección a los derechos y garantías de las víctimas del delito, porque se trata de convertir a México en un país donde verdaderamente se proteja al inocente y donde las autoridades estemos plenamente comprometidas con la legalidad y con el combate a la impunidad, puntualizó.
Calderón Hinojosa informó que en el momento actual más de la mitad de las entidades federativas ya reportan avances en la implementación del sistema con juicios orales; en seis entidades ya está en operación; en siete más se tiene programada para este mismo año, y en otras tres ya ha sido publicada la legislación correspondiente. Con la reforma al sistema de justicia penal México avanza hacia un país de leyes, y por ello convocó a las autoridades competentes a acelerar los esfuerzos para la eficaz puesta en marcha de este sistema que sin duda representa una posibilidad de construir un país más justo, manifestó por último.
Asimismo, el maestro Leonel Godoy Rangel, gobernador de Michoacán, hizo un llamado para que los gobernantes y funcionarios de los tres niveles de gobierno le den prioridad a la ejecución de políticas públicas transversales, ya que a casi 200 años del inicio de la Independencia continúa habiendo mexicanos sin acceso a los servicios básicos, de salud, educación y empleo.
Urgió a todos los gobernantes a no sólo llevar la justicia en los tribunales, sino en las políticas públicas, porque como gobierno, estamos convencidos que la justicia comprende también otros rubros en beneficio de la sociedad. La existencia del sistema de salud pública, del sistema de educación pública y la dotación de trabajo son elementos necesarios en la justicia de las autoridades hacia los gobernados.
Por su parte, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aludió al presente y dijo: México vive, nuevamente, episodios de violencia criminal que desacatan las normas e inquietan a nuestra sociedad. Igual que entonces, quienes ejercemos los poderes seguiremos firmes, con la misma convicción de que el orden jurídico nacional está por encima de todos nosotros y debe ser cumplido y respetado.
Hoy, en memoria de aquel tribunal, la presencia de los tres órdenes de Gobierno, de los tres poderes, aquí, en Ario, refrenda el gran mandato constitucional que tenemos todos los mexicanos para fortalecer y modernizar nuestra justicia, entendida como forma cotidiana de vivir pacíficamente en esta Nación, precisó tras mencionar que la historia nos ha heredado leyes y reformas trascendentes, con las que nuestros antecesores cambiaron al país que no queríamos ser, por el país que anhelamos los mexicanos desde siempre, y con el que debemos comprometernos en cada generación y en cada uno de nuestros episodios históricos.
Sólo la constitución y las leyes legitiman las órdenes y la obediencia; sólo la legalidad y la constitucionalidad honran la Independencia, la Revolución y todos los demás capítulos de la historia nacional. La unidad en la defensa de esos grandes principios es la única que garantiza la pluralidad pacífica y constructiva, citó finalmente. |
