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La Sala Colegiada Civil de la Región Zitácuaro resolvió por unanimidad un recurso de apelación relacionado con el cumplimiento y rescisión de un contrato de arrendamiento, en un asunto en el que interviene una persona adulta mayor de más de 90 años, respecto de quien existen antecedentes en el expediente relacionados con su estado de salud y padecimiento de Parkinson, además de estar involucrado un inmueble que forma parte de su patrimonio.

Al analizar el caso, los y la magistrada que conforman la Sala, consideraron infundados los argumentos contra la determinación del juzgado de primera instancia de ordenar una prueba pericial médica, al estimar necesario contar con mayores elementos para determinar si existe una situación real de vulnerabilidad que deba ser considerada al momento de resolver. La Sala precisó que la edad, por sí misma, no implica vulnerabilidad, por lo que debe analizarse cada caso de manera particular y considerar circunstancias como el estado de salud, dependencia, condiciones económicas, familiares o patrimoniales.

En consecuencia, confirmó la determinación impugnada, al considerar que recabar la prueba no prejuzga sobre el fondo del asunto, sino que permite emitir una resolución con los elementos necesarios, respetando el debido proceso, la autonomía y los derechos de las personas involucradas.